Manual de evaluación de riesgos laborales

La necesidad de la evaluación de riesgos apenas requiere justificación: es técnica y legal­mente el diagnóstico ineludible que sirve de base a toda la acción preventiva, no sólo para definir las actividades que hay que realizar sino también la organización que hace falta para llevarlas a cabo. Además, puesto que la acción preventiva ha de planificarse y eso implica establecer prioridades, la evaluación ha de comportar algún tipo de medida de los riesgos, que la fundamente. Y lo cierto es, llegados a este punto, que no es fácil encontrar en el pano­rama metodológico procedimientos de evaluación que combinen una razonable sencillez de aplicación con una pretensión de objetividad en la medida, es decir, de validez y fiabilidad. Abundan, eso sí, las listas de chequeo más o menos exhaustivas que, una vez aplicadas, generan relaciones de defectos sin la más mínima indicación sobre su importancia y, por tanto, sin ninguna posibilidad de jerarquizar las medidas preventivas que de ellas se dedu­cen. O, en el otro extremo, presuntos métodos directos que, quizás confiando excesivamen­te en la experiencia o el “ojo clínico” del evaluador, le animan a asignar por las buenas un valor de probabilidad de materialización a cada riesgo, sin más instrumento que sus conoci­mientos y unas vagas indicaciones sobre el significado de cada valor.

Así pues, el panorama de los métodos de evaluación simplificada de riesgos puede resu­mirse en los siguientes términos: unos desisten de medir y se conforman con identificar defi­ciencias; otros renuncian de entrada a cualquier pretensión de objetividad en la medida que proponen, ya que no definen ningún instrumento para ella. Esta renuncia cobra especial gra­vedad cuando, como ocurre en nuestra organización, son numerosas las personas que han de evaluar y, además, están dispersas en un ámbito geográfico extenso. Aquí, la imprescin­dible unificación de criterios sólo puede asegurarse metodológicamente, mediante el uso de herramientas bien definidas.

Si la necesidad de evaluar es obvia y no hay métodos aceptables para nuestras necesi­dades, habrá que poner manos a la obra y abordar su elaboración. Y si antes se ha resalta­do la carencia de buenos cestos, ahora es justo reconocer que, en cambio, sí hay buenos mimbres.

Uno de los mejores, a nuestro juicio, es el que proporciona la Nota Técnica de Prevención (NTP) 3301 bajo el título “Método simplificado de evaluación de riesgos de accidente”. Se dice que es un buen mimbre y no un cesto porque, pese al título, se trata sólo de una guía meto­dológica a la que han de añadirse aún los instrumentos de medida, esto es, los cuestionarios de chequeo con factores de riesgo de peso preasignado, para convertirla en un método.

En esto ha consistido, por tanto, la primera tarea, que ha dado lugar al llamado método general: partiendo de la NTP 330 como guía y marco metodológico, desarrollar, precisar o modificar los aspectos que nos han parecido insuficientes o mejorables y, sobre todo, incorporarle los cuestionarios de chequeo necesarios para evaluar algunos de los riesgos más comunes en la Administración andaluza.

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