Guía para la evaluación de riesgos laborales

Guía para la evaluación de riesgos laborales en la Administración de la Comunidad de Castilla y León y sus Organismos Autónomos.

La legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales determina la necesidad de establecer un cuerpo básico de garantías y responsabilidades para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. Una vez reconocido el derecho de los trabajadores en el ámbito laboral a la protección de su salud e integridad, las normas establecen las diversas obligaciones a todos los agentes que intervienen en garantizar este derecho, así como las actuaciones de las Administraciones Públicas que puedan incidir positivamente en la consecución de dicho objetivo. De ello deri­van derechos y obligaciones, así como las actuaciones a desarrollar en situaciones de emergencia o en caso de riesgos grave e inminente.

Las normas se basan en los principios de eficacia, coordinación y participación, ordenando tanto la actuación de las diversas Administraciones Públicas con com­petencia en materia preventiva, como la necesaria participación en dicha actua­ción de empresarios y trabajadores.

Las obligaciones y responsabilidades no afectan sólo a los actores directamente relacionados con el hecho laboral, sino que, con el propósito de fomentar una auténtica cultura preventiva, mediante la promoción de la mejora de la educación en dicha materia en todos los niveles educativos, involucra a la Sociedad en su conjunto.

Instrumento fundamental de la acción preventiva es la obligación de estructurar dicha acción a través de todos los agentes implicados con carácter general y los específicamente designados para ello.

A toda esta exposición de principios, no podría ser ajena la Comunidad de Castilla y León, en la que para la adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración de Castilla y León, se aprueba el Decreto 143/2000 de 29 de junio, modificado por Decreto 44/2005 de 2 de junio.

Esta normativa, bajo los principios de eficacia, eficiencia y agilidad, trata de orien­tar, impulsar y coordinar las actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales.

Al cumplimiento de estos principios responde la presente Guía, en el que son objeto de tratamiento aquellos aspectos concretos que hacen posible la prevención de riesgos laborales, desde su nueva perspectiva, como actividad integrada en el con­junto de actuaciones de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma, a partir de una planificación que incluya la técnica de evaluación, la organización, las condiciones de trabajo, el análisis de los riesgos, las medidas preventivas, presi­dido todo ello por los mismos principios de eficacia, coordinación y participación, que las normas establecen.

Es la acción de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales, trasla­dada al ámbito de la Administración Pública, la que hace suponer, en primer lugar, el establecimiento de una acción de prevención de riesgos integrada, que incluya un plan de prevención de riesgos, la puesta en práctica de dicha acción, que requiere el conocimiento de las condiciones de cada uno de los puestos de trabajo para identificar y evitar los riesgos, evaluando los que no puedan evitarse, y por último, a partir de los resultados de la evaluación, planificar la actividad preventiva.

La concreción material y práctica de los principios establecidos es el fundamento de la presente Guía, que a su vez servirá de referencia y actuación para los técni­cos de los servicios de prevención, que deban realizar evaluaciones de riesgos de cualquier tipo en los centros de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y sus Organismos Autónomos. Así mismo debe servir como instru­mento de referencia y consulta para los responsables de la prevención a nivel de los diferentes centros de trabajo de nuestra Administración.

Formato:  pdf Comprimido:  No Peso:  1.71 MB Lenguaje:  Español

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